Un juez de Jaén describe un "agujero mayor que los ERE" en el enchufismo del Servicio Andaluz de Empleo

La sentencia de Manuel Oteros denuncia el "caciquismo" que han practicado políticos y sindicalistas en Andalucía en las últimas décadas.

Pedro de Tena

El magistrado del juzgado de lo Social número 3 de Jaén ve "repulsivo" el proceso por el que los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE) a las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) fueron enchufados masivamente en el Servicio Andaluz de Empleo, subrayando que las víctimas de este escándalo son los contribuyentes andaluces. Entre directores y agentes llegaron a contarse alrededor de 800 personas que nadie sabe cómo fueron contratadas ni qué pruebas hicieron.

Según la sentencia del magistrado Manuel Oteros, a la que ha tenido acceso El Mundo, la contratación irregular de "allegados" por parte de los gobiernos del PSOE ha creado un "agujero" en las cuentas de Andalucía mayor que el de los ERE, dado que su coste sigue causando quebranto y lo seguirá haciendo por tiempo indefinido. El caso fue denunciado hace 10 años por Libertad Digital y luego siguió destapando las consecuencias perversas del tinglado.

Ahora esta sentencia denuncia el "caciquismo" que han practicado políticos y sindicalistas en Andalucía en las últimas décadas en alusión especialmente a los gobiernos del PSOE y a la creación de la que se ha venido en denominar "administración paralela", el conjunto de entes y empresas públicas dependiente de la Junta de Andalucía en el que están empleados más de 25.000 personas, problema que sigue sin ser afrontado por el nuevo gobierno un año después de su constitución.

El juez Oteros califica descalifica la forma en la que estos trabajadores han accedido a un empleo público en la práctica para toda la vida sin haber pasado por los filtros de una oposición y sin tener en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad. Ello ha provocado, señala, "un agujero permanente de las arcas públicas andaluzas mucho mayor, por indefinido en el tiempo, que el producido por los famosos ERE".

El caso de una técnica de estas unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico creadas por el gobierno de Manuel Chaves y su entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera –ahora ambos condenados en el caso ERE–, ha sido juzgado y desestimado por el juez Otero.

Esta empleada y los demás empleados de las UTEDLTl que fueron incrustados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a pesar de haber sido contratados en fraude de ley según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tuvieron que ser, tras su despido, readmitidos aunque la actividad había terminado y las entidades estaban en proceso de extinción.

En el caso de la demandante que ha originado esta sentencia del juez Oteros, pretendía una indemnización de 60.000 euros por su situación de incapacidad permanente tras haberse incorporado al Servicio Andaluz de Empleo. El juez no sólo ha desestimado su demanda, sino que advierte de la "injusticia" de la misma porque se vio "graciosamente" beneficiada al ser integrada en la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo.

Subraya el juez que pese al privilegio de contratación y trato obtenidos de la Junta desde hacía años, ahora "pretende un trato y unas condiciones mejores que los que ingresaron en el mismo (en el SAE) por procedimiento sometido a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad".

El juez aprovecha la sentencia para hacer una semblanza histórica de estas entidades (UTEDLT y ALPEs) subrayando que mayoría de sus empleados entraron en estos organismos gracias a un acuerdo opaco, de forma temporal pero sucesiva y "sin observar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública".

Es más, el magistrado añade que al mismo tiempo se crearon un gran número de agencias, consorcios, observatorios y otros entes y empresas, esto es, la "administración paralela", en la que se colocaron a "personas allegadas a las que crearon y/o desarrollaron los repetidos entes".

El juez Oteros insiste en su mayoría fueron jóvenes a los que la Junta brindaba el privilegio de trabajo de hecho para toda la vida sin tener que pasar "por el desagradable trámite de tener que preparar unas oposiciones, estudiar varios años y, en el mejor de los casos, aprobar y entrar en alguna bolsa de interinos o ir rotando por diferentes latitudes hasta acercarse al destino deseado".

El proceso culminaba cuando estos "enchufados" iban consolidando su posición de trabajadores temporales hasta lograr la consideración de trabajadores indefinidos no fijos "por fraude en la contratación temporal". Ahora, casi todos ellos están en la plantilla fija del SAE, pero en muchos casos sin trabajo definido como reconoció incluso el gobierno de Susana Díaz. Así que estamos, concluye el juez, en un estado de caciquismo de hecho que no ha terminado en Andalucía.

Una antigua denuncia del SAF

El SAF en 2014 pidió a la Fiscalía Superior de Andalucía que abriera diligencias de investigación sobre el informe de la Cámara de Cuentas que detectó que la Junta de Andalucía había repartido "sin control" 57 millones de euros entre los 95 consorcios municipales de empleo, denominados Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).

Según la Cámara de Cuentas, durante los años 2010, 2011 y 2012, el SAE concedió ayudas a los 95 consorcios UTEDLT por un total de 57.340.676 euros. Este importe incluía las subvenciones para la financiación de los costes salariales de las estructuras básicas y complementarias, para los incentivos derivados del cumplimiento de objetivos y para las indemnizaciones por la extinción de los contratos laborales.

La estructura básica de los mismos estaba compuesta, únicamente, por el director del consorcio y la estructura complementaria la conformaban los ALPEs. Para el análisis se seleccionó una muestra de 25 consorcios UTEDLT, de los que se revisaron determinados aspectos del funcionamiento y de la gestión económica desarrollada, así como los expedientes de las ayudas que se les concedieron, mediante las convocatorias de los años 2010 y 2011.

En los 95 consorcios de empleo, trabajaban 95 directores con contratos de alta dirección colocados "a dedo", además de 697 técnicos. Los 57.340.676 euros fueron destinados a sufragar los "costes salariales, incentivos e indemnizaciones por la extinción de contratos" de su plantilla.

Pero "no hay constancia de que las entidades consorciadas (el SAE y las entidades municipales) llevaran a cabo un control de la gestión desarrollada por los consorcios, tal y como preceptúan los estatutos".

Lo curioso es que nadie controlada nada en los Consorcios, o sea, era. Sueldos fijos cobrados sin trabajos concretos. Por ejemplo, a todos los directores de Consorcio se les asignaba el mismo sueldo con independencia del número de ALPEs que tuvieran que coordinar. Así, había directores que no tenían equipo para gestionar, como eran los de los consorcios UTEDLT de Adra, Vícar, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, mientras que otros debían coordinar equipos con un elevado número de ALPEs, como por ejemplo el consorcio de Sierra de Cádiz, que contaba con un total de 22 ALPEs y el de Condado de Huelva, que tenía contratados a 29 ALPEs. Pero todos cobraban lo mismo.

Tras estas denuncia la propia Junta gobernada por el PSOE comenzó el desmantelamiento del escandaloso entuerto que tras la llegada del nuevo gobierno sufrió un nuevo impulso de disolución.

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